AN acusa de «cómplice del naufragio» al gobierno trinitario Camila Rubio diciembre 15, 2020 POLÍTICA La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional inició este martes 15 de diciembre con un minuto de silencio en honor a la victimas del naufragio de Güiria, en el estado Sucre. en una plenaria en la que se aprobó por unanimidad un acuerdo que instruye enviar una carta de protesta al Gobierno de Trinidad y Tobago, “por su actitud de complicidad ante la muerte de estos refugiados y migrantes venezolanos» e instar a la Comisión Permanente de Política Exterior a iniciar una investigación sobre ese suceso acaecido para determinar las responsabilidades. El documento decreta tres días de luto y expresa un sentido pésame y solidaridad a los familiares de la victimas que perdieron la vida al intentar cruzar al mar hacia Trinidad y Tobago, donde, dice el texto, «las autoridades de ese país, persisten en seguir actuando al margen del principio de No Devolución y de los compromisos internacionales para migrantes y refugiados». Al respecto, aprobaron un acuerdo que exhortan a las instancias internacionales y los gobiernos del mundo ejercer más presión para que el Gobierno de Trinidad y Tobago, deje de seguir violándole los derechos humanos a los migrantes y refugiados venezolanos, así mismo reiteraron, que la única manera que se detenga la migración forzosa es que Maduro y su estructura criminal abandonen el poder. David Smolansky, comisionado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, invitado por el órgano unicameral, pidió abrir una investigación exhaustiva de lo que ocurre en Sucre y Delta Amacuro concerniente a las mafias de tratas y tráfico de personas, contrabando, narcotráfico que involucra a cuerpos de seguridad del régimen y bandas delincuencias afectas a la dictadura. Lamentó lo que definió como «la recurrente actitud inhumana, indolente y cruel que tiene Trinidad y Tobago contra los migrantes y refugiados venezolanos y subrayó que este es el tercer episodio que ocurre en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad Tobago, cuyas naciones son firmantes de la Convención de los Derechos Humanos, así como también, la Convención de los Refugiados de 1951». “Perversamente estas bandas delincuencias se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas para traficarlas específicamente, mujeres menores de edad, por no tener comida y medicinas. Esto no puede seguir pasando y siendo ignorado por la comunidad internacional; por tal razón, se deben ejercer acciones concretas para que haya justicia y que Trinidad y Tobago cambie esa política migratoria que privilegia a la dictadura, en vez de proteger a una población vulnerable”, aseveró. Smolansky recordó que en Trinidad y Tobago hay 40.000 venezolanos, de los cuales solamente se han podido registrar 16.000 para obtener su documentación legal y denunció que se han incrementado episodios de xenofobia, violencia doméstica y deportación que muchas veces terminan en muertes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. Le siguió en la discusión, el diputado Robert Alcalá, quien instó a la ONU, Acnur, OEA y los países del mundo a ejercer más presión para que el Gobierno de Trinidad para que cumpla con los tratados internacionales en materia migratoria. El parlamentario catalogó de “crimen” que el gobierno trinitario haya lanzado al mar a estos conciudadanos indefensos y desprotegidos. Recordó que hay cientos de venezolanos presos en jaulas sin haber cometido ningún delito, que desesperados por huir del hambre de la dictadura se trasladan a esa isla caribeña por mejores condiciones de vida. Alcalá cuestionó las declaraciones de funcionarios gubernamentales y les increpó diciéndoles que “no tienen más nada que investigar, sino detener la corrupción” en Sucre Delta Amacuro y Falcón que involucra a militares, policiales y civiles que permiten zarpes ilegales que tienen un costo de 300 dólares por persona hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. Paralelamente, el legislador Juan Pablo García fustigó al Gobierno de Maduro y dijo que mientras que “bailaba y se burlaba desde Miraflores”, el gobierno de Trinidad y Tobago de nuevo deportaba a venezolanos, sin impórtales su vida e integridad; en consecuencia, acotó que esas actuaciones originan desapariciones y muertes, como las recién ocurridas donde murieron ahogados 19 connacionales en las costas de Güiria. La diputada Milagros Paz, señaló que en las costas de Paria operan mafias de narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, crimen organizado y aunado a la perdida de calidad de vida por culpa de la crisis, ha provocado una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, originando que algunos de sus habitantes prefieran migrar a otros países cercanos como Trinidad y Tobago. Hizo un llamado a la Asamblea Nacional a ser vigilante ante la crisis social y moral que existe en Venezuela y al mismo tiempo, la parlamentaria sucrense se suma a la petición del pleno de la Cámara legislativa de exhortar a la comunidad internacional “a intervenir y acabar con este flagelo que conduce a la violación de la vida”, dijo. Por último, el parlamentario Manuel Texeira, en nombre del fuero legislativo nacional, expresó las sensibles condolencias a los familiares de las víctimas, que sufren la pérdida irreparable de sus seres amados que ante las adversidades y asumiendo los riesgos que significan la ruta de altamar, decidieron huir de la crisis para buscar nuevas oportunidades que les han sido negadas por el Estado, tal como lo estipula el artículo 3 de la Constitución.
