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El Senado de México aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la presencia y actividades de los agentes de seguridad extranjeros en territorio nacional, un tema que podría generar fricciones con el Gobierno estadounidense. 

Con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que modifica la Ley de Seguridad Nacional, para regular la actuación de los agentes extranjeros con funciones policiales, de inspección o supervisión que operan en México.

El pasado 8 de diciembre, López Obrador declaró que la propuesta buscaba establecer «reglas claras» y poner «orden» dentro de la cooperación de México con otros países.

Aunque el canciller de México, Marcelo Ebrard, apuntó que la propuesta buscaba regular a todos los agentes extranjeros, «no solo a los de Estados Unidos», la iniciativa surgió después de la molestia que generó en el Gobierno mexicano la detención del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien fue aprehendido en el país norteamericano el pasado 15 de octubre por delitos de narcotráfico. 

La Administración de López Obrador no fue informada de la investigación que se seguía en EE.UU. contra Cienfuegos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, lo que fue calificado como «una acción unilateral» que rompía los acuerdos bilaterales.  

En común acuerdo entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia estadounidense, la Corte del Distrito Este de Nueva York retiró los cuatro cargos contra Cienfuegos y el general arribó a México el pasado 18 de noviembre, en donde fue puesto en libertad, pese a que se le notificó sobre la existencia de una investigación en su contra. 

En su artículo 69, el dictamen establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México acreditará y definirá territorialmente la presencia de cada agente extranjero para fines de «intercambio de información». 

Asimismo, obliga a las autoridades mexicanas de todos los niveles a entregar un reporte por escrito a la Cancillería mexicana y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre cualquier reunión, llamada telefónica y comunicación que sostengan con algún agente extranjero. 

«Las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad», refiere el texto en el artículo 70, en donde se establece también que un representante de la Cancillería mexicana será testigo de los encuentros. 

A los agentes extranjeros se les obligará a:

  • No ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni aplicar las leyes extranjeras en territorio nacional.
  • Portar armas solo si cuentan con la aprobación previa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
  • Compartir con las autoridades mexicanas la información que recopilen en el ejercicio de sus funciones.
  • Informar mensualmente a la Cancillería mexicana y a la SSPC sobre las «actividades y gestiones que desarrollen» ante las autoridades. 

La propuesta del Ejecutivo también refiere que los agentes extranjeros no contarán con ninguna inmunidad en caso de incurrir en alguna infracción o delito y quedarán sujetos a las leyes nacionales. Además, el Gobierno mexicano supervisará el cumplimiento de las disposiciones y solicitará su retiro al país que lo acreditó.

En medio del tenso período de transición gubernamental tras los comicios electorales en EE.UU., México aún no recibe una respuesta formal de su vecino sobre esta iniciativa para acotar el actuar de los agentes extranjeros. 

De momento, el exjefe de operaciones de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA), Mike Vigil, declaró a La Octava que la nueva regulación podría «obstaculizar las operaciones bilaterales» y el intercambio de información entre ambos países.