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Este domingo 22 de noviembre 16 niños venezolanos, de entre 4 meses y 14 años de edad, fueron deportados por las autoridades de Trinidad y Tobago a bordo de dos peñeros. Los mismos habrían desaparecido en altamar. Los menores, al parecer, iban acompañados por 9 mujeres.

Este procedimiento se llevó a cabo aun cuando los padres de los pequeños tenían su estatus legal en la referida nación. Una jueza de la Corte Suprema de la isla habría emitido una sentencia para impedir la acción, pero los barcos ya habían salido de puerto.

El representante del grupo de familiares de los niños y mujeres deportados, Eliécer Torres, solicitó a las autoridades isleñas que se abra una investigación para conocer su paradero. Al parecer, los botes en los que fueron enviadas estas personas a Venezuela no estaban identificados.

“Uno de los niños más pequeños tiene una afección cardíaca y se fueron con alimentos y suministros limitados”, dijo Torres.

La hora de la deportación habría sido después de las 11 a.m. Esta se habría realizado luego de una audiencia de hábeas corpus y a pesar de que existía una alerta climática amarilla. Los botes habrían sido escoltados hasta la frontera por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Según el reporte, las naves habrían zarpado con escaso combustible y con problemas técnicos. Las embarcaciones, al parecer, se dirigían hacia una zona de palafitos ubicada en la isla La Barra de Cocuina, en el norte del estado Delta Amacuro. El portal deltano Tane Tanae reseñó que los botes se quedaron sin gasolina en la isla la tarde del mismo domingo.

De acuerdo con el periodista Francisco Marín, los niños llegaron a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre, a bordo de un bote en el que viajaban 29 personas (16 niños y 13 adultos). Las naves habrían arribado por el área de Chatham, al sur de la isla. Las mismas fueron interceptadas por las autoridades.

Según Guadian, estos ciudadanos fueron trasladados hacia una comisaría ubicada en la localidad de Erin. En este lugar, mientras se hallaban en una celda, uno de los niños se habría enfermado.

“Al momento de ser detenidos los niños y adultos, fueron trasladados hasta un centro de salud en el que se les realizaron pruebas de COVID-19, y todos dieron negativo. Esto pudo haber ‘agilizado’ la deportación, ya que usualmente los migrantes son puestos en cuarentena”, indicó Marín mediante su cuenta en la red social Twitter.

La defensora Nafeesa Mohammed habría solicitado al director de Inmigración en Puerto España reconsiderar la situación de los niños y mujeres venezolanos. La abogada habría presentado pruebas (certificados de nacimiento) que daban fe de los lazos familiares existentes. Sin embargo, los funcionarios de inmigración no habrían aceptado los documentos. 

El sábado 21 se decidió que los migrantes debían ser trasladados a una comisaría de Cedros. Mohammed, entonces, decidió presentar un recurso de hábeas corpus ante el tribunal superior. Posteriormente se enteró que habían colocado a los menores y a las mujeres a bordo de los dos botes. La abogada intentó comunicarse con el comisionado de la policía, Gary Griffith, pero no respondió.

“Es realmente sorprendente saber que tales acciones serían tomadas por personas que representan al Estado. Esto es una violación de todas nuestras obligaciones a nivel internacional y, por supuesto, a nivel local porque sabían que los procedimientos judiciales habían comenzado y, en lugar de respetar al tribunal se los llevaron en un bote”.