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Un nuevo informe de la organización Disability Rights International (DRI) revela abusos y maltrato contra personas con discapacidad ocurridos en instituciones mexicanas. El maltrato hacia estas personas alcanza la categoría de crímenes de lesa humanidad, denuncia la organización.

La investigación documenta violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de niñas, niños adolescentes y adultos durante los últimos diez años.

También describe tratos inhumanos y degradantes que equivalen a tortura. Son comunes en orfanatos, instituciones psiquiátricas, centros de asistencia social y albergues para personas con discapacidad en todo el país.

Según DRI, «la violencia, el abuso sexual, la esterilización forzada, el aborto forzado y la trata con fines laborales o sexuales son frecuentes».

La principal causa es la ausencia de políticas del estado: «El estado mexicano no ha creado los apoyos que permitan a las personas llevar una vida plena en la comunidad», señala la organización. «México no protege los derechos humanos y debe ser responsabilizado por ello».

De 50 mujeres encuestadas por DRI en México, un 42% afirmó que habían sido esterilizadas sin su conocimiento o consentimiento. En la misma encuesta, un gran número de mujeres informó que habían sufrido abusos sexuales al visitar a un ginecólogo del centro.

«Al menos ocho mujeres con discapacidad me dijeron que habían sido víctimas de abuso sexual por parte del personal masculino», dijo una voluntaria que trabaja en un instituto de salud mental en Ciudad de México. Otra trabajadora, del mismo centro llamado Cais Cascada, dijo: «Nos da asco».

Según testimonios, en ese lugar las mujeres internadas están obligadas a tener relaciones sexuales. Luego, les dan cigarrillos o dinero a cambio. Es decir, abusan sexualmente de ellas para permitirles acceder a determinadas cosas.

Pocas instituciones brindan herramientas que promuevan habilidades para la vida independiente. Tampoco promueven que estas mujeres se reintegren. Según DRI, no hay ningún tipo de rehabilitación adecuada que se base en evaluaciones individualizadas y pueda ser proporcionada por personal calificado y capacitado.

Además, se las expone a situaciones inhumanas. En 2016 y 2018, DRI encontró restos de orina en el piso y en la ropa de las mujeres. También «un hedor abrumador en todas las instalaciones». El personal refirió que regularmente se robaban artículos de limpieza y reconoció que la institución es peligrosamente antihigiénica. Esta situación tampoco se revirtió durante la pandemia de Covid-19.

La situación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en México que sufren abusos también es grave. Existe una gran falta de apoyo para las familias de estos menores y eso las obliga a entregar a sus hijos e hijas a instituciones.

DRI visitó más de veinte instituciones que alojan a niñas, niños y adolescentes. En el 25% de estos lugares encontró que se utilizan sujeciones físicas, tratamientos químicos nocivos y aislamiento para los internos.

En la institución Hogares de la Caridad en el estado de Jalisco, por ejemplo, DRI encontró a un niño de 17 años con autismo envuelto en una sábana, amarrado con cinta adhesiva y encerrado en una jaula —el autismo puede considerarse como discapacidad en algunos casos, pero no siempre. Además, en ese lugar utilizan violencia física para castigar supuestos problemas de conducta.

También DRI recibió denuncias de abuso sexual y físico en al menos una cuarta parte de las instituciones visitadas. Niñas y niños de hasta 11 años fueron abusados por el personal que allí trabaja.

La organización denunció que dentro de las instituciones mexicanas, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad están en peligro de muerte. Esto se debe a que se les aplica medicaciones sin controles estrictos. Por ejemplo, DRI observó el uso de este tipo de tratamientos que derivó en una alta tasa de mortalidad en la institución privada Casa Gabriel.

En ese lugar vivían varios niños con parálisis cerebral. Ellos comían por medio de sondas, aparentemente para comodidad del personal, ya que no se contaba con registros de una necesidad médica documentada. De acuerdo con la coordinadora de Casa Gabriel, en 2017 vivían 32 niñas, niños y adolescentes allí. Cuando DRI visitó la institución en febrero de 2019, sólo quedaban 19 de ellos. Cuatro niñas, niños y adolescentes entre 12 y 22 años, murieron con unos días de diferencia en febrero de 2018.