Una jueza de La Paz resolvió anular, arguyendo fallas en la investigación, el proceso que enfrentaban el expresidente Evo Morales (2006-2019) y varios de sus principales colaboradores por el presunto fraude en las elecciones de 2019, informaron medios locales.

La jueza Claudia Castro «declara fundado el incidente de actividad procesal defectuosa en parte (…), disponiendo en consecuencia la nulidad de actuados hasta el vicio más antiguo», dijo un informe judicial.

La resolución, emitida el 23 de noviembre y mantenida hasta ahora en reserva, cerró el proceso iniciado por denuncia del también expresidente Carlos Mesa (2003-2005) contra Morales y otros como responsables de la alteración —hasta ahora no probada formalmente— de los resultados de los comicios del 20 de octubre de 2020.

Morales, quien ganó esa votación superando a Mesa con más de diez puntos porcentuales, fue liberado previamente de una orden de aprehensión dictada en agosto en otro proceso penal planteado por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por supuestos delitos de terrorismo y sedición.

Según el reporte publicado, «la jueza también hizo notar que Evo Morales como exmandatario debería ser procesado en un juicio de responsabilidades«, porque el supuesto fraude se habría cometido cuando él estaba ejerciendo plenamente la Presidencia de Bolivia.

La ley boliviana establece que un juicio de responsabilidades contra un exgobernante debe ser aprobado por el parlamento, que está actualmente controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) como ocurrió en los diez años pasados.

La denuncia de Mesa, presentada en febrero y ampliada en febrero, señalaba como presuntos responsables del fraude a Morales, su exvicepresidente Álvaro García, sus exminsitros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta y Carlos Romero, y otros exfuncionarios.

Por separado y por el mismo caso, la justicia procesaba también a los exmiembros del Tribunal Supremo Electoral, la mayoría de los cuales recuperaron su libertad en las últimas semanas al cumplirse sin presentación de pruebas los períodos de detención preventiva.

Los Tiempos señaló que Castro «emitió esta resolución debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no habría logrado resolver internamente si hubo o no fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019«.

En conferencias de prensa y otros actos públicos en los que habló de su demanda en el último año, Mesa presentó argumentos sobre el fraude que le habría impedido enfrentar a Morales en una segunda vuelta en 2019, aunque no aportó más pruebas que un cuestionado informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ese informe de la OEA, que no mencionó fraude, señaló supuestas irregularidades en el proceso electoral de 2019 pero fue rebatido y calificado como inconsistente por sucesivas investigaciones de universidades y medios estadounidenses.

Mesa, quien en realidad lanzó sus primeras denuncias de fraude incluso antes de las elecciones de 2019, convocó a las protestas postelectorales que dieron pie a los conflictos que terminaron forzando la renuncia de Morales y la autoproclamación de la presidenta transitoria Jeanina Áñez, en noviembre del año pasado.