Leydy Araceli Pech Martín, una apicultora maya de 55 años, recibió un Premio Goldman, el premio ambiental más importante del mundo. La distinguieron por su «lucha histórica», que es «un modelo para otros movimientos de lucha indígena en la protección de sus derechos y de sus tierras», dijo la Fundación Goldman.

Ella es conocida como la «guardiana de las abejas«o «dama de la miel»Ella vive en una aldea en Hopelchén, en la península de Yucatán, México, un territorio fuertemente afectado por la deforestación y la contaminación tóxica de la agricultura industrial, que perjudica especialmente a ecosistemas de los que dependen las abejas.

Su mayor logro fue encabezar una coalición para detener la siembra de soya genéticamente modificada por la empresa Monsanto en el sur de México. La suprema corte de justicia dictaminó que el gobierno había violado los derechos de los mayas y suspendió su siembra. Gracias a su empeño, se revocó el permiso gubernamental a Monsanto.

El Premio Medioambiental Goldman 2020 (Goldman Environmental Prize) se entrega anualmente a defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Este año también lo recibieron Nemonte Nenquimo (Ecuador), Kristal Ambrose (Bahamas), Paul Sein Twa (Myanmar), Lucie Pinson (Francia) y Chibeze Ezekiel (Ghana).

La porción de tierra en la que Leydy Pech tiene sus colmenares no es grande. Es un terreno de, a lo sumo, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia. Sin embargo, fue el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.

Su cruzada contra los químicos empezó en 2012. En ese entonces, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253 mil hectáreas distribuidas en siete estados. A partir de ese momento, Leydy Pech empezó a militar la defensa de su tierra y logró que la multinacional no se quede con sus terrenos.

«No fue fácil. Lo más difícil fue, en primer lugar, entender la complejidad y los daños que causaría el permiso que el gobierno mexicano había otorgado. Como pueblo indígena, nosotros desconocíamos el impacto que tendría ese permiso», expresó en una entrevista.

Para frenar esto, la comunidad de Leydy Pech presentó dos amparos. Su lucha llegó hasta la suprema corte de México, que el 4 de noviembre del 2015 fue favorable a otorgarles una consulta (que el gobierno pregunte a los indígenas si quieren o no que se plante soya), cuyo proceso se inició en abril de 2016.

Además, gracias a la lucha de Leydy Pech se consiguió la revocación al permiso de Monsanto para cultivar soya genéticamente modificada en siete estados de México en septiembre de 2017. Y a partir de entonces hubo otra revocación a todos los permisos que tiene Monsanto a nivel nacional.

Además de Leydy Pech, Nemonte Nenquimo, líder de la comunidad indígena waorani de Ecuador, es una de las ganadoras este año del prestigioso Premio Medioambiental Goldman.

De 35 años, Nenquimo encabeza una nacionalidad, la waorani, que se ve como protectora de los territorios ancestrales. Esta comunidad está compuesta hoy en día por unos 5 mil miembros y son de los últimos pueblos ancestrales contactados alrededor de 1958 por misioneros norteamericanos.nemonte-nenquimo-premio-medioambiental-goldman

Nenquimo creció en Nemonpare, una pequeña comunidad waorani donde viven cerca de 10 familias grandes. Este lugar está a dos días de caminata desde Puyo, la capital de la provincia de Pastaza. Cuando nació, los funcionarios del Registro Civil, arquetipo estatal de la cultura  mestiza, no quisieron inscribirla como Nemonte porque no lo consideraban legal.

El territorio su comunidad se redujo a un 10 % de lo que era, que incluye el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Sin embargo se ve amenazada por el extractivismo petrolero, según han denunciado organizaciones indígenas y ambientalistas.

La lucha de Nenquimo logró frenar que se instalen proyectos petroleros en las zonas que su comunidad logró conservar.  En 2019, encabezó la demanda que suspendió el proyecto de explotación petrolera del bloque 22 en la provincia de Pastaza, un foco de biodiversidad, que a la vez es fuente de petróleo en Ecuador.

Esa conquista que logró sentó un precedente en el país latinoamericano. Ya un año antes se había intentado frenar una iniciativa así, por daños ambientales causados por la operación petrolera de Chevron-Texaco en la Amazonía Norte del Ecuador.