Tiene 13 años y sufría abuso sexual por parte de un vecino. En una de las violaciones quedó embarazada y decidió pedir ayuda para interrumpir su embarazo. Pero en Venezuela, donde ocurrieron los hechos, parece que abortar está más penado que violar: la justicia encarceló a quien ayudó a la niña —una profesora— y dejó al agresor libre «por falta de pruebas».

Aunque el caso ocurrió en octubre de 2020, no fue hasta este enero que resonó en la opinión pública debido a que la profesora podría enfrentarse a 12 años de cárcel. En las últimas semanas, decenas de organizaciones de derechos humanos y personalidades, algunas ligadas al gobierno, pidieron su inmediata excarcelación.

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LA HISTORIA DE LA NIÑA QUE REALIZÓ UN ABORTO EN VENEZUELA

La menor y su agresor viven en el estado andino de Mérida, al oeste de Venezuela. El hombre, de 52 años, vivía en el mismo barrio y la violó en repetidas ocasiones. Ella quedó embarazada y no fue hasta los tres meses de gestación que consiguió una pastilla para concretar un aborto.

Vanesa Rosales, una educadora y activista por los derechos humanos a la que la niña y su madre conocían desde hace años, consiguió el medicamento porque la mamá de la menor se lo pidió.

Cuando la niña tomó la medicación, en octubre del año pasado, produjo un sangrado fuerte y tuvo que ser hospitalizada.

Su madre, que entonces había acudido a una sede policial a denunciar la violación, terminó detenida durante 22 días bajo la acusación de asistir un aborto.

En ese contexto, aún hospitalizada, la niña tuvo que declarar. Contó que su profesora le dio el medicamento que necesitaba para interrumpir su embarazo. Las autoridades detuvieron a la educadora y la encarcelaron durante 90 días. Ahora está pendiente de un juicio y podría enfrentarse a una pena de hasta 12 años de cárcel.

La justicia la acusa de delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto de una mujer con su consentimiento. Esta es una de las causales que establece la legislación venezolana para castigar la interrupción del embarazo. Además, en Venezuela está prohibido abortar hasta cuando hay inviabilidad del feto o cuando el embarazo es producto de una violación.

SIN CARGOS PARA EL AGRESOR

El agresor de la menor fue detenido pero quedó en libertad en menos de 48 horas porque «no se pudo demostrar el delito».

El caso generó debate a nivel nacional, e incluso Jorge Rodríguez, presidente de la cámara, dijo que temas «complejos» como el aborto «seguramente» serán discutidos. Sin embargo, no se refirió a cuándo podría tratarse. Esto permitiría tratar despenalización del aborto por primera vez en el parlamento de Venezuela.

Mientras tanto, Vanesa sigue en peligro de ser condenada. En paralelo, el agresor se mantiene libre, aunque con una alerta roja de Interpol que fue emitida un mes después de haber sido excarcelado.

LA SITUACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA

La mayoría de los países latinoamericanos restringen el derecho a abortar a las personas gestantes. Desde hace años, Cuba y Uruguay tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier parte de su territorio. Ahora, hace unas pocas semanas, se sumó Argentina. Además, estos países cuentan con políticas de prevención y seguimiento de la salud reproductiva de las mujeres. En México, sólo la capital y el estado de Oaxaca han despenalizado el aborto.

Sin embargo, hay países latinoamericanos donde se prohíbe abortar incluso cuando una mujer fue violada, como es el caso de Venezuela. También en el Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam lo prohíben en todas las circunstancias.