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Miles de mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad en Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), como parte de un plan del para «controlar» la pobreza.

Más de dos décadas después de que miles de mujeres fueran sometidas sin su consentimiento a ligaduras de trompas, el estado reconoció el derecho de las víctimas a una reparación. De esta manera, se pagará una indemnización por las acciones del gobierno de Fujimori.

Actualmente, el expresidente está purgando una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

¿CÓMO INDEMNIZARÁN A LAS MUJERES?

La indemnización fue aprobada gracias a una campaña de la excongresista indígena Tania Pariona. A esta iniciativa se sumó la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). Así, lograron la aprobación del Plan Integral de Reparaciones.

Este plan contempla a las mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas y también a otras que hayan sido víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con grupos armados entre 1980 y 2000. Además, podrán solicitar esta reparación las víctimas de «cualquier tipo de violencia sexual» por parte del estado.

Hasta ahora no se conoce cuál será el monto a pagar. Tampoco se detalló cómo será el proceso para cobrar esta indemnización.

Alrededor de 2 mil mujeres denunciaron formalmente estas esterilizaciones forzadas. El proceso penal por las esterilizaciones contra Fujimori y sus exministros de Salud no ha avanzado significativamente, a pesar de más de una década de investigaciones.

Sin embargo, está prevista para el 1 de marzo una audiencia sobre este tema. Se espera que la fiscalía presente su acusación final contra los imputados por esta causa.

LAS VÍCTIMAS DEL GOBIERNO DE FUJIMORI

Fujimori promovió un supuesto «programa de planificación familiar». Fue conocido como Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica y se usó como una «medida para combatir la pobreza». Sin embargo, en miles de casos no fue un proceso voluntario.

Muchas mujeres y algunos hombres fueron sometidos a procedimientos forzosos y traumáticos, a veces sin anestesia. En total se realizaron un poco más de 272 mil ligaduras de trompas y 22 mil vasectomías.

Además, 19 personas fallecieron por complicaciones postoperatorias. Sin embargo, esos fueron los casos conocidos y hasta ahora no se sabe con exactitud cuántas mujeres podrían haber fallecido por complicaciones postoperatorias.

La mayoría de las víctimas eran indígenas. También de origen muy humilde y hablantes de quechua. En muchas situaciones firmaron documentos redactados en español que ni siquiera comprendían. Alejandra Ballón, antropóloga y autora de Memorias del caso peruano de esterilización forzada, contó que solo el 35% de las personas accedieron al proceso de forma informada.

En la investigación, Ballón demuestra que hubo otras secuelas luego de la esterilización forzada impulsada por el gobierno de Fujimori. Las víctimas tuvieron secuelas psicológicas, además muchos maridos dejaron sus hogares porque sus esposas no podían tener hijos.

Ballón explicó que esta medida «simbólicamente es muy significativa». En este sentido indicó que lo importante es que «el Estado peruano considera que la esterilización forzada fue una violencia sexual cometida» por el gobierno de Fujimori.