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De acuerdo con una investigación realizada por el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, la jueza Karina Zucconi, es una mujer de 48 años de edad, graduada de abogada en la Universidad de Buenos Aires en abril de 1997, pero que posee en lúgubre historial en su carrera judicial.

Su entrada al Poder Judicial de Argentina fue en 1992 como auxiliar administrativa, y en  2011 se convirtió en la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción No 15, con asiento en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta jueza decidió dejar en libertad a Irineo Humberto Garzón Martínez, el hombre que violó a la joven venezolana de 18 años de edad y solo procedió a imputarlo por el delito de «abuso sexual simple», esto a pesar que la joven fue engañada, secuestrada, drogada y violada dentro del local comercial que es de su propiedad el pasado sábado 23 de enero.

Zucconi, que es titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°15, consideró que como el hombre, identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez, no tenía antecedentes penales, no era necesario detenerlo. Los investigadores le comunicaron a la madre de la víctima, quien dio aviso al 911 luego de recibir un mensaje de su hija, que al ingresar al local de Garzón, la joven estaba en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.

Pero la evidencia médica y de fuentes policiales no sirvió para que la jueza Zucconi ordenara detener a Garzón Martínez, y solo dictó una orden de restricción de 100 metros y le prohibió salir del país.

La defensa de Garzón Martínez aseguró que él tenía arraigo en un domicilio fijo en la zona de Mataderos donde vive con su hermana “desde hace más de 14 años”, que no tiene antecedentes penales ni condenas anteriores, “trabaja en forma digna en su comercio”, que “ha dado trabajo siempre a mujeres y jamás tuvo problemas de este tipo en el que involuntariamente se encuentra involucrado desconociendo el porqué”. Pidió, así, una caución juratoria, “ello atento a que el imputado no posee bienes o fortuna”.

Por otro lado la fiscal del caso, Silvana Russi, se opuso a la excarcelación. Los motivos eran evidentes: la imputación de abuso por acceso carnal establece una dura pena, con un mínimo que excede una condena en suspenso, que el riesgo de fuga y de que el acusado entorpeciera la Justicia era claro. Garzón Martínez no vive en el domicilio aportado en Mataderos, según información de la causa.

La víctima misma se opuso también: “Yo no estoy de acuerdo, no me parece. Me violó y estoy sufriendo mucho”, afirmó. Su cuerpo fue analizado y se encontraron tres lesiones compatibles con una violación, en pleno sangrado. Sin embargo, la jueza Zucconi consideró que la mera pena en expectativa no era un argumento suficiente para mantener preso al acusado.

“No hay elemento alguno de momento que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia”, afirmó Zucconi. Pero consideró, por otra parte, que su arraigo era dudoso. Así, le concedió la caución juratoria, una fianza bajo palabra, le prohibió acercarse a la víctima o contactarla, así como salir del país y lo obligó a presentarse mensualmente en el juzgado.

«Mi hija está muy mal porque le dieron la libertad al hombre. Ella está ahora con asistencia psicológica», afirmó a C5N la madre de la chica. «Le puso una remera de él», aseguró la mujer, quien, a su vez, contó que recibió varios comentarios de que el atacante hizo lo mismo con otras jóvenes.

En tanto, Pablo Baqué, abogado de la denunciante, adelantó que pedirá la detención del imputado, a quien considera «un peligro para la sociedad» y agregó: «Tenemos totalmente comprobadas las lesiones compatibles con la violación. Son lesiones que dejan secuelas como mordidas o golpes, por eso decimos que está mal la carátula de abuso simple porque hubo acceso carnal».

Aunque la jueza Zucconi considera que Garzón no tiene antecedentes y no es una persona peligrosa, el abogado de la chica violada pidió que se investigue si el acusado utilizó el mismo modus operandi con otras jóvenes venezolanas, ya que «publicaba en grupos de venezolanos ofertas de trabajo».

«Tenemos otros testimonios de otras personas que también fueron citadas e invitadas a salir», denunció.

Aunque los antecedentes de Garzón no han sido aún corroborados para que Zucconi decida cambiar su decisión, los de ella sugieren un pasado bastante oscuro.

Zucconi fue designada como jueza en la causa por el femicidio de Marianela Rago Zapata, una estudiante de Tierra del Fuego que fue encontrada degollada y con 23 puñaladas en su departamento de Balvanera a mediados de 2009. El principal acusado por el crimen era el exnovio de la víctima, Francisco Amador López.

El femicidio de Marianela estuvo a cargo de su jurisdicción entre 2013 al 2018, donde Zucconi suspendió el proceso cinco veces a Amador López al considerar que no había pruebas para incriminarlo, a pesar de que se encontraron al menos cinco evidencias en la escena del crimen. 

En junio de 2020 el caso todavía no había sido juzgado, pero pasó a ser competencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29, a cargo de Rodolfo Goerner, Juan María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza. El fiscal de la causa es Sandro Abraldes.

Amador llegará al juicio acusado de «homicidio simple» -con pena de 8 a 25 años de prisión-, ya que la figura del «femicidio» recién se incorporó al Código Penal a partir de 2013.

Zucconi desarrolló su experiencia como docente de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA, que la llevó a dar clases en la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal (en la cárcel de Devoto), al margen de los cinco finales que debe para completar un posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo.

La jueza es ampliamente criticada y se ha convertido en tendencia en las redes por su deleznable labor y falta de criterio al dejar libre a un hombre del que se constató que drogó y violó a una mujer tras citarla con una promesa falsa de trabajo.