Pese a que una orden judicial reciente restauró el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de medio millón de venezolanos en Estados Unidos, cientos de ellos siguen enfrentando detenciones por parte de las autoridades migratorias, en una aparente contradicción con el mandato legal vigente.

El 5 de septiembre, el juez federal Edward Chen emitió una sentencia que revocaba la decisión previa de la Administración Trump de cancelar el TPS para los venezolanos. Este fallo fue recibido como una victoria para la comunidad migrante, luego de meses de incertidumbre. Sin embargo, informes recientes revelan que las detenciones no solo han continuado, sino que se han intensificado, generando un nuevo clima de temor entre los beneficiarios del programa.

Abogados defensores señalan que estas acciones violan los derechos de quienes, legalmente, deberían estar protegidos. El abogado James K. Larsen, quien representa a varios de los migrantes afectados, asegura que la detención de tepesianos cuyo estatus ha sido restituido carece de fundamento legal si la única causa es su estatus migratorio.

Una investigación periodística del Miami Herald reveló que las detenciones se han registrado en múltiples estados del país, incluyendo Florida, Nueva York, California, Texas y Arizona. Las personas afectadas incluyen tanto a quienes ingresaron por la frontera sur como a quienes llegaron con visas y luego solicitaron protección humanitaria. Muchos de ellos también tienen procesos migratorios abiertos, como solicitudes de asilo o peticiones de residencia.

La situación se ve agravada por un reciente fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que restringió la capacidad de los jueces para revisar las decisiones de detención tomadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta medida ha sido utilizada para justificar la permanencia bajo custodia de individuos que, pese a no tener antecedentes penales, no han sido formalmente admitidos en el país.

El TPS ofrece protección a migrantes cuyos países enfrentan condiciones extraordinarias, como conflictos armados o crisis humanitarias, impidiéndoles regresar de forma segura. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben pasar por rigurosos controles de antecedentes y mantener un historial limpio. Aquellos con condenas por delitos graves o múltiples delitos menores pueden quedar fuera del programa.

En medio de este panorama incierto, defensores de los derechos de los migrantes exigen que el Gobierno federal respete las decisiones judiciales y detenga las detenciones de quienes están amparados por el TPS. Para miles de venezolanos, la expectativa de vivir en condiciones legales y seguras en Estados Unidos vuelve a estar en riesgo, pese a contar con una protección legal restituida por los tribunales.