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El Govern catalán aprobó el jueves sus cuentas para 2022 en el Parlamento autonómico gracias al pacto que firmó con los comunes (que se abstuvieron  ) y que, ‘grosso modo’, la CUP –en su versión más pragmática– hubiera suscrito desde el punto de vista fiscal. Desde 2003, las cuentas de la Generalitat están en manos de ERC, directa o indirectamente, salvo las aprobadas los años 2011 y 2012, cuando CiU contaba con el PP como socio preferente –a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, de junio de 2010, que es, según los nacionalistas, el inicio de todos los males–.

A partir del próximo 1 de enero entrarán en vigor los primeros presupuestos de la presidencia de Pere Aragonès (ERC) y el proyecto contará con un gasto total de 38.139 millones de euros, es decir, 5.618 millones más (17,3 por ciento) respecto a los anteriores presupuestos aprobados de 2020 (que se prorrogaron para 2021). Solo el Gobierno andaluz maneja un presupuesto autonómico más elevado que el de la Generalitat catalana.

Quizás por la influencia de ERC en la elaboración de las cuentas, que va ya camino de los 20 años, o porque CiU, antes, y Junts, ahora, se encuentran cómodos, la Generalitat lidera la clasificación de los gobiernos autonómicos en relación a la presión fiscal y al número de impuestos propios. Para el año que arranca en breve, Cataluña creará un nuevo tributo (por los gases contaminantes), y en 2023 sumará uno más (por los alimentos ultraprocesados) llegando hasta los 18 –serían 22 si no fuera porque el Constitucional tumbó cuatro–, lejos del resto de regiones: Andalucía tiene ocho y Asturias, Galicia y Murcia, seis. La que menos, Castilla y León con uno.

De la misma manera, los ciudadanos residentes en Cataluña soportan una carga impositiva en el IRPF superior a la del resto de españoles. La Generalitat lidera, también, esta clasificación, seguida por Aragón, Baleares y Asturias, al menos en el ejemplo de las rentas medias, a más de cien euros de media en la cuota del IRPF en un salario bruto de 20.000 euros al año. Un liderazgo que pierde cuando la carga impositiva se aplica sobre salarios brutos de 70.000 euros al año o superiores. Ahí, Cataluña baja al sexto puestos; y si el ejemplo se utiliza en salarios de más de 160.000 euros, entonces, Cataluña es casi un paraíso, pues se queda en la cola solo superando a Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

Datos irregulares

Respecto a la deuda, calculada porcentualmente respecto a su PIB, Cataluña sigue en el grupo líder. Solo es superada por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Las previsiones, sin embargo, son de cierta mejoría. En 2013, la deuda era del 30,3 por ciento del PIB; y en 2020 fue del 37,2 por ciento. La previsión para 2022 es que se reduzca hasta 33,8 por ciento.

Sin embargo, el cálculo de crecimiento va acorde con el conjunto de España y del segundo al tercer trimestre de 2021 el PIB catalán pasó de crecer un 18,3 por ciento a solo un 3,4 por ciento. El dato, contaminado por un 2020 pandémico, recuerda que desde 2016 el PIB catalán se fue reduciendo del 3,5 por ciento (2016), pasando por el 3,3 por ciento (2017) y el 2,8 por ciento (2018), hasta el 1,9 por ciento (2019). En 2020 fue del -11,5 por ciento.

Más allá de esta inestabilidad, la Generalitat celebró, en verano, salir del conocido como ‘bono basura’ para la agencia de calificación de riesgos Fitch. Diez años después, el Govern se acerca a uno de sus propósitos: emitir deuda en los mercados y reducir su dependencia del Gobierno. En 2020, la deuda de la Generalitat era de 78.279 millones de euros, de los que 62.376 millones se deben al Estado.