Inicio

El gobierno de Chile expulsó durante la mañana de este domingo a 56 migrantes venezolanos, según reportaron varios portales chilenos.

Antes de ser expulsados, las 56 personas se mantuvieron detenidas en el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI).

La situación fue denunciada por distintas organizaciones que aseguran que la detención y posterior expulsión no se realizó de manera correcta.

Según el Servicio Jesuita Migrante (SJM) la acción “contradice el derecho internacional”.

“Observamos con indignación cómo familias y niños pequeños ingresan a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas colectivamente”, afirmaron en Twitter.

El SJM intentó salvaguardar la presencia de los migrantes en Chile mediante un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, no obstante, por ser domingo dicho tribunal no se sesiona.

“Los vuelos salen el domingo a las 5.00 de la mañana. Esas personas se van a ir sin siquiera haber visto sus situaciones legales. Al parecer, el modus operandi del gobierno es hacer estas expulsiones durante el fin de semana y hacer que la cancha no quede pareja para los migrantes”, señaló Waleska Ureta, directora del SJM.

Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso cuatro recursos de amparo a favor de inmigrantes de nacionalidad venezolana, invocando el principio de reunificación familiar.

Las personas fueron detenidas en sus hogares durante la mañana del sábado y trasladadas a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional donde firmaron sus documentos de expulsión.

Según el SJM, todo ocurrió a pesar de que no registran antecedentes penales y que según la nueva ley de migraciones, tenían 180 días para abandonar el país si no estaban regularizados.

Gobierno defiende expulsión

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado aseguró que el procedimiento “está ajustando a derecho”.

Precisó que se trata de una “expulsión administrativa por haber ingresado al país de forma clandestina y sin haber hecho nada en un año, no es que son personas que se estén identificando para ello”.

“Hay personas condenadas por tráfico de drogas, por robo con violencia (…) y van a conmutar sus penas en sus respectivos países”, agregó. 

Contra la ONU

Cabe recordar que el pasado 19 de mayo expertos de la ONU en Derechos Humanos señalaron que el Gobierno de Chile debía detener de inmediato los procesos de expulsiones colectivas de inmigrantes, ya que estos tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

“Las deportaciones de migrantes no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, destacó el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.

Desde el pasado febrero, Chile ha expulsado a cientos de migrantes sin previamente realizar una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona y sin poder solicitar protección de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.

El último de estos incidentes data del 25 de abril y en ella se vieron involucrados 55 migrantes procedentes de Venezuela que fueron expulsados colectivamente del aeropuerto de la ciudad de Iquique, situado al norte del país. Antes de hacerse efectiva la expulsión fueron detenidos en régimen de incomunicación y sin acceso a asistencia legal.