En octubre de 2018 Uruguay sancionó su ley integral para personas trans. En esa normativa se estipulaba que todas quienes hayan nacido antes de 1975, que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género, deben acceder a una reparación histórica. Luego de esperar casi tres años, unas 128 personas podrán acceder a este beneficio.

Las solicitudes para acceder a esta prestación llegan a la Comisión Especial Reparatoria. Este organismo nació en junio de 2019 con representantes de organismos públicos y de la sociedad civil. La comisión aprobó 128 de las 198 solicitudes recibidas, según información oficial.

Todas estas personas que recibirán este beneficio sufrieron “daño moral o físico” por parte del estado. La medida también alcanza a las personas trans de Uruguay que fueron “impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del estado”.

BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS TRANS DE URUGUAY

Karina Pankievich, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), contó en el diario uruguayo La Diaria que muchas mujeres trans que accedieron a la reparación estaban en situación de calle o vivían en refugios.

“Hoy por hoy pueden tener para pagarse una pensión o construir un espacio donde vivir por sus propios medios. Les ha cambiado la vida”, contó.

También se espera que esta ayuda sirva para que las personas trans no tengan que dedicarse necesariamente a trabajos de índole sexual. Según el primer censo de personas trans realizado por el gobierno de Uruguay en 2016, 67% de esta población ejerció este tipo de profesiones en algún momento de su vida.

Sin embargo, aún no se está aplicando íntegramente la ley. Si bien la reparación histórica ayuda, aún se exige el cumplimiento del cupo laboral trans. La ley establece que el 1% de las plazas del Estado sean para personas trans. Pero, todavía no se alcanzó esa cifra.

Un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil reveló que durante el primer año de vigencia de la ley, sólo ingresaron a organismos del estado siete personas trans. Esto representa apenas 0,03% de los cupos generados en toda la administración, lejos del 1% que estipula la normativa.

LA DISCRIMINACIÓN LEGAL

En América Latina solo Argentina y Uruguay tienen leyes integrales destinadas a la población trans. En el resto de los países de la región la situación es más o menos restrictiva. Además, a nivel mundial, existen muchos mecanismos legales para excluir y criminalizar a la población trans.

Como contamos en este artículo actualmente, ningún país de América Latina prohibe o condena la identidad de género. Sin embargo, igualmente se criminaliza a la comunidad trans, según detalla el Informe de Mapeo Legal Trans. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex —compuesta por más de mil 600 organizaciones— elabora este estudio.

Zhan Chiam, coordinador y coautor de la publicación, advierte que los delitos relacionados con el trabajo sexual o las relaciones interpersonales consensuales entre personas del mismo sexo se usan para perseguir de manera sistemática a estos individuos. También las normas relacionadas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres o el merodeo.

Estas leyes, que podrían parecer neutrales y menores, “son igual de dañinas que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género”, señala Chiam. Esto se debe a que son utilizadas para perseguir y encarcelar.