La Cámara de Representantes de Colombia dio media sanción a una ley para prohibir las corridas de toros en el país. La iniciativa también le exige al gobierno desarrollar en medio año la reconversión económica de quienes se dedican a esta actividad.

El proyecto fue aprobado en la comisión primera, pero si el proyecto logra aprobarse también en la plenaria de la cámara, derogaría la Ley 916 de 2004, que regula actualmente la actividad taurina en Colombia.

«Aquí no nos estamos metiendo con el sacrificio de los demás animales para el consumo humano. Aquí estamos hablando solamente de un animal al cual van a torturar durante una hora entera para satisfacción de unos cuantos que todavía ven algo de placer», dijo el legislador Juan Carlos Losada.

Según el congresista, entre 80% y 90% de los colombianos ven una tortura inaceptable a un ser sintiente, mientras unos pocos ven placer. Además, señaló que «que no es justificable que por el divertimento se tenga que torturar a un animal de esta manera».

Este proyecto buscará prohibir las corridas de toro que se realizan en Bogotá, la capital del país. Además, busca prohibir en todo el país las becerradas, las novilladas y las tientas.

Sin embargo, este no es el único punto de la ley. Otra parte importante será que el gobierno logre generar alternativas económicas y productivas a quienes se dedican a la industria taurina.

Varias veces, políticos colombianos habían intentado que el Congreso aprobara una ley para prohibir estos festejos. Por ejemplo, en junio pasado, el Concejo de Bogotá aprobó un proyecto para desincentivar las corridas de toros en la capital. Aunque esta medida no elimina la práctica, restringe el uso de recursos públicos para su desarrollo y prohíbe la muerte de los astados en la plaza.

La iniciativa también eliminó el uso de elementos como la espada, la pica y las banderillas, y redujo a la mitad las fechas de la temporada anual que tiene lugar entre febrero y marzo.

Las corridas de toros se han convertido en un asunto polémico en Colombia porque sus defensores la definen como una tradición cultural e histórica, mientras los animalistas sostienen que es una práctica de tortura.

Luego de este avance legislativo, las asociaciones taurinas se opusieron con distintos tipos de argumentos. Por un lado, exigen el derecho al trabajo, a pesar de que la norma le exige al gobierno que se les dé una alternativa económica. Por otro lado, consideran que no se pueden prohibir porque «la práctica de las corridas es una tradición ancestral».

En su momento la Corte Constitucional de Colombia dio un guiño para los defensores de las corridas. Al pronunciarse sobre la continuidad de las corridas de toros en Bogotá, vetadas en 2012 por el entonces alcalde Gustavo Petro, emitió en 2017 un fallo en el que estableció que se debían respetar en los municipios donde esa práctica tuviera un arraigo cultural. En ese entonces sucedían en las plazas de Bogotá, Cali y Manizales (al día de hoy las mantienen).