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Desde que en 2006 se reanudaron los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de Argentina, ya sea secuestros, torturas, homicidios, desapariciones o apropiación de menores, han sido condenadas 1,013 personas, la mayoría de ellos exmiembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Así lo señala el Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que analiza en particular los procesos al año pasado, pero que incluye un recuento pormenorizado del estado general de las causas.

El documento precisa que las nueve sentencias, 51 condenas y siete absoluciones que hubo en 2020 representan una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja, además de que se consolidó la prisión domiciliaria de los acusados y condenados como modalidad de detención, debido principalmente a su avanzada edad y estado de salud.

Por otra parte, el 70 % de las sentencias espera revisión, ya que las etapas recursivas tienen las mayores demoras, lo que se explica por las maniobras dilatorias de los abogados defensores de los represores. Para la Procuraduría, esto confirma la necesidad de implementar medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento.

De acuerdo con el organismo, más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio decretado por la pandemia, que obligó a suspender 12 juicios, persisten los retrasos en diferentes instancias del proceso, pero se agudizan contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país.

«El promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de cinco años y dos meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio», señala.

Menos sentencias

En 2020 se dictaron nueve sentencias, lo que contrasta con las 22 que hubo en 2019, además de que se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad predominante, ya que en esa situación se encuentran 638 personas condenadas que representan el 74 % del total.

Ello implica que solamente 225 acusados o condenados están detenidos en cárceles o establecimientos especiales como el excomplejo militar Campo de Mayo, en donde una de las zonas se adaptó como prisión exclusiva para represores.

Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y sus familiares han denunciando de manera reiterada que las postergaciones de los juicios y de las sentencias definitivas obstaculiza la justicia, ya que, por su avanzada edad, muchos de ellos mueren sin haber sido condenados.

El informe confirma estas acusaciones, ya que revela que en estos 14 años de procesos han muerto 904 de los acusados, 692 de ellos antes de haber recibido una sentencia.

Postergaciones

La Procuraduría destacó que, al 4 de diciembre de 2020, existen 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad, es decir, que no prescriben a pesar del tiempo transcurrido, que en este caso es de cuatro décadas.

De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes.

Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, e involucran a 150 personas en 39 causas.

Entre las 373 causas que todavía no tienen sentencia, 18 están en etapa de debate, 75 están elevadas a juicio y sólo dos de ellas tienen fecha de inicio para 2021.

«Ello implica que, además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido», señala.

Del resto de las causas, unas 280 apenas se encuentran en etapa de instrucción, por lo que ni siquiera tienen fecha para llegar a un tribunal, mientras que sólo en 22 ya se dispuso elevación o requerimiento de juicio, pero todavía sin fecha, lo que representa uno de los niveles más bajos registrados desde 2015.

«El informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible», advierte la Procuraduría.

Acusados y condenados

El informe detalla que, en los últimos 14 años 3.448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 1,013 fueron condenadas y 164, absueltas.

En 2020, añade, obtuvieron sentencia 58 personas, con un resultado de 51 condenas y siete absoluciones, lo que consolida una tendencia descendente desde 2017.

Mientras tanto, continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia, dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria y 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

De esta forma, solo 276 personas cuentan con sentencia firme, es decir, el 27 % de todas las que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad. Y hay que destacar, además, que todavía hay 29 prófugos.