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Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, acusado de drogar y abusar a joven venezolana de 18 años hace 10 días, declaró esta mañana 1 de febrero de forma virtual en el Palacio de Justicia en Argentina, donde se concentraron un grupo de personas para exigir justicia. 

El violador terminó de declarar al mediodía después de haber pedido una ampliación de su indagatoria. Dio su versión de los hechos y habló de una «relación consentida».  

Asimismo, el abogado Osvaldo Cantoro, contratado por el acusado, dijo en Crónica TV: «Mi defendido dijo la verdad, que no la drogó, no hubo una violación». Además dijo que la víctima había «fingido el estado de inconsciencia ante la Policía».

Cantoro denunció en la entrevista televisiva que la Policía de la Ciudad «le robó al culpable el celular y 200 mil pesos de la caja registradora» durante su intervención tras el hecho, aunque reconoció que «no lo va a poder probar». 

Alejandra Cabrera, una de las abogadas que representa a la víctima, manifestó al medio de comunicación Clarín. «Él está en todo su derecho constitucional de establecer su argumentación como estrategia de defensa. Pero a estos dichos falaces los tendrán que probar. 

Cabrera expresó que «tendría que explicar por qué la joven estuvo inconsciente durante una hora y media, por qué no abrió la puerta durante media hora cuando llegó la Policía y aportar estos presuntos mensajes de texto previos».

Thays, la mamá de la víctima, se descompensó en la puerta de Tribunales al escuchar el relato del abogado.  

Denuncian a jueza Karina Zucconi

En paralelo, se presentaron dos denuncias en el Consejo de la Magistratura contra la jueza Karina Zucconi, a cargo de la causa por abuso sexual.

Una de las presentaciones fue realizada por Diego Marías, uno de los consejeros. La otra, por Pablo Tonelli, Diputado Nacional del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también consejero del Consejo de la Magistratura.

Ambas hacen hincapié en la excarcelación con la que la jueza Zucconi benefició a Garzón Martínez, basado en publicaciones periodísticas y en la falta de acreditación de domicilio del acusado en el expediente. 

La denuncia indica que, de acuerdo al Código Penal, la pena prevista para el delito de «abuso sexual agravado con acceso carnal» no coincide con la decisión de dejar al acusado en libertad. Tampoco que, en caso de ser condenado, se vea beneficiado con la libertad condicional.

En ese sentido, el consejero Marías sostuvo que la jueza omitió las disposiciones y que resolvió dejarlo en libertad, a pesar de advertir que Garzón Martínez había informado como propio el domicilio de su hermana, que luego se presentó a declarar y dijo que él no vivía con ella, sino que residía en el local de la calle Paso 693, donde ocurrió el hecho.

«Dicho de otra forma, la jueza soslayó un dato objetivo que verifica el riesgo de fuga en este caso, y omitió otras circunstancias fundamentales, como el hecho de que el imputado intentó retirarse del lugar cuando los preventores ingresaron al local y que no abrió la puerta del inmueble cuando la policía llamó, manifestando que ‘estaba trabajando», argumentó en la denuncia.