Inicio

El Senado argentino debatirá este martes 29 de diciembre, en una sesión que se espera extensa, el proyecto con el que el Gobierno busca aprobar el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, que será definitivamente ley si obtiene el visto bueno de la Cámara Alta, aunque la votación se proyecta ajustada.

El texto legislativo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre pasado y para salir adelante depende solo del ‘sí’ de la mayoría de los senadores, que en 2018 rechazaron un proyecto similar y donde el resultado, según las previsiones, se perfila muy parejo.

De ser sancionada, la ley permitirá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo para las madres cuyo embarazo sea fruto de una violación o para las que corra peligro su vida, únicos dos supuestos en los que se permite abortar en la actualidad, según el Código Penal vigente, de 1921.



Como ya ocurrió durante el debate y votación en la Cámara de Diputados, donde el proyecto recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, multitud de personas, tanto a favor (marea verde) como en contra (celestes), se manifestarán a las puertas del Congreso y separadas por vallas, a la espera del resultado definitivo.

La Sesión Pública Especial del Senado comenzará a las 4:00 de la tarde y con toda probabilidad se extenderá hasta bien entrada la madrugada del miércoles, a la par que en la otra Cámara, en el mismo Palacio, los Diputados debatirán otro polémico proyecto, el del nuevo índice de movilidad jubilatoria.

Cuestión de salud pública

Desde la campaña electoral que le llevó a la victoria en 2019, con la expresidenta Cristina Fernández como compañera para la vicepresidencia, el presidente Alberto Fernández se comprometió a impulsar la ley con la principal motivación de reducir los abortos clandestinos, que ponen en riesgo la vida de las mujeres, en especial las que no pueden costear clínicas privadas donde, a pesar de ser ilegal, lo hacen en condiciones seguras.

El aborto legal, seguro y gratuito es una reivindicación histórica de los grupos feministas, y si bien se presentaron proyectos en varias ocasiones, no fue hasta 2018 que se debatió por primera vez en el Parlamento.

«Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que es nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino», dijo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al exponer sobre el actual texto durante su tratamiento en comisiones del Senado.



A su juicio, hay «sobradas evidencias» de que con la legalización se disminuye la mortalidad materna, se eliminan los riesgos en la salud de las mujeres y disminuyen los abortos.

Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), alrededor de 3.200 madres han fallecido por prácticas inseguras desde el retorno de la democracia en 1983, y solo en los últimos dos años y cuatro meses, desde que el Senado votó en contra del anterior proyecto, han muerto al menos 12 mujeres.

«Que esta ley se apruebe significará que las mujeres, lesbianas, intersex y varones trans que necesiten abortar lo puedan hacer de forma segura, cuidada, ajustada a evidencia científica y sin importar la clase social a la que pertenezcan», añaden desde Mumalá.

Por las dos vías

En el lado contrario, las organizaciones conocidas como ‘provida’ promueven el derecho a vivir de la mujer y del niño por nacer: «El aborto legal es un fracaso social. Destruye a una mujer, termina con la vida de un niño y nos hace a todos más inhumanos», reza la consigna de la Unidad Provida.

Piden así «políticas de salud más humanas y efectivas», con prevención y educación, mejores condiciones de vida para mujeres que viven en la pobreza o sistemas de adopción más efectivos.

Además, el sábado la Iglesia Católica volvió a expresar su rechazo al proyecto y oró para que los legisladores «no renieguen de sus convicciones más profundas» en defensa de la vida humana, después de que la semana pasada la Conferencia Episcopal del país del papa Francisco criticara en su mensaje de Navidad la «febril obsesión por instaurar el aborto» en un «año difícil» como ha sido este.

La prueba del Senado

La llegada al Senado es la prueba definitiva para un proyecto que avala que los profesionales de la salud puedan acogerse a la objeción de conciencia, aunque con la obligación de derivar «de buena fe a la paciente» a otro profesional que sí pueda realizar el aborto, o a otro centro en el caso de que todos los sanitarios de un hospital se nieguen a practicarlo.

En 2018, la Cámara Alta, cuyos miembros representan a las provincias, algunas de ellas con perfil más conservador, rechazó la ley con 31 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, de un total de 72 escaños (hubo una ausencia).



Esta vez, una de las diferencias fundamentales es que el proyecto llega directamente elaborado por el Gobierno y no por una organización civil, como ocurrió hace dos años, por lo que de ser sancionado sería un éxito del oficialismo, a pesar de que el aborto genera diferencias en el seno de los principales grupos políticos.

En esta ocasión, estimaciones difundidas a través de la prensa local apuntan a un escenario muy igualado, incluso de virtual empate, en el que los aún indefinidos podrían ser decisivos, pero también las posibles abstenciones.

Sin olvidar las ausencias: la de los oficialistas José Alperovich -que en 2018 votó en contra y está de licencia laboral tras haber sido denunciado por presunto abuso sexual por una familiar suya- y el expresidente Carlos Menem, de 90 años, que también votó en contra hace dos años y está hospitalizado en estado delicado.

En este contexto, no se descarta que sea determinante la postura que adopte la vicepresidenta, Cristina Fernández, ya que, como titular del Senado, puede ejercer el voto en caso de empate.