Los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago sufren la constante amenaza de deportación a su país. Al menos siete personas que estaban en calidad de ilegales fueron detenidas por la policía.

El grupo, conformado por dos hombres, dos mujeres y tres niños, fue descubierto por una embarcación de la policía que patrullaba por Pluck Road, Woodland, alrededor de las 13:00 del domingo.

Los oficiales, al llegar al puente Godineau, observaron a varias personas desembarcar de una canoa. El grupo fue inmediatamente detenido y se descubrió que era de Tucupita, Venezuela.

Posteriormente, los oficiales llevaron a estas personas al Centro de Salud de Siparia, donde se les realizó un chequeo médico y se les hicieron hisopados para descartar que alguno tuviera COVID-19.

El periódico citado informó que los siete venezolanos permanecerán en cuarentena mientras que funcionarios de inmigración inician el proceso para que sean repatriados a su país.

Este caso se suma a la deportación de un grupo de menores venezolanos. La oposición venezolana denunció que 16 niños del país caribeño -entre ellos un bebé de 4 meses- que habían llegado a Trinidad y Tobago, fueron rechazados y deportados en botes precarios por las autoridades, que además los separaron de sus padres.

Según la periodista venezolana Beatriz Adrián, la deportación tuvo lugar en la zona de Peñeros “y en medio de una tormenta”. Agregó que “muchos (niños) fueron deportados sin sus padres y las embarcaciones podrían haberse quedado sin combustible en altamar”.

La deportación generó fuertes críticas por parte de la oposición venezolana. El representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, David Smolansky, calificó de atrocidad la decisión de las autoridades y remarcó que “un juez de la Corte Suprema ordenó a la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago que devuelva a la isla a los niños”.

Las autoridades del país, además, ignoraron un recurso de habeas corpus introducido por la defensa de los menores. Según recordó Smolansky, Trinidad y Tobago “ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951”, dos instrumentos que “protegen a migrantes y refugiados contra la devolución”.