Cómo los opositores al aborto en Chile endurecen el debate para impedir la despenalización Camila Rubio marzo 4, 2021 POLÍTICA La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile realizó este miércoles la primera de las siete audiencias que llevará a cabo para escuchar a 34 especialistas, que defenderán o impugnarán el proyecto que despenaliza el aborto sin restricción alguna hasta la semana 14 de gestación, y que comenzó a discutirse en enero pasado. En esta primera sesión participaron tres abogadas y un jurista que opinaron sobre la propuesta de reformar el Código Penal que desde 2017, como resultado de las luchas feministas, ya despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales: si es producto de una violación, si la vida de la mujer está en peligro o si hay inviabilidad fetal, ya que hasta entonces estaba totalmente prohibido. La abogada de la Universidad Católica de Chile, Magdalena Ossandón, aseguró de manera reiterada que la iniciativa otorga «el derecho de matar a seres humanos». «Tengamos cuidado, porque vamos a permitir que una persona, que puede tener razones muy poderosas, dramáticas, pueda matar a un inocente. Eso no existe para los adultos. ¿Esa tiene que ser la respuesta del Estado ante las mujeres?», cuestionó. También minimizó la penalización que rige en la ley al advertir que «no es tan así en la práctica» y consideró que el aborto «es un mal» porque destruye una vida humana y a las mujeres, ya que, a su juicio, violenta su cuerpo. «Uno se pregunta si será una regulación en su favor o no, se habla mucho de autonomía y libertad y la realidad no es tal. Las mujeres en general no quieren provocarse un aborto. Cuando llegan a eso es por conflictos graves, por situaciones insuperables, porque en el fondo no tienen las opciones, los caminos», afirmó. Cruces Sin mostrar estudios que comprobaran sus dichos, la abogada aseguró que el 90 % de las mujeres que abortan lo hacen presionadas por su familia y por sus parejas, ya que así «el padre de la criatura» se puede sustraer de la manutención. «Esta legislación es más machista. La inmensa mayoría de mujeres que llega al aborto lo hace porque no tiene otras salidas, en el fondo no quiere», dijo la abogada, quien incluso se atrevió a afirmar que la legislación buscaba proteger los «derechos de multinacionales que han hecho del aborto un negocio». Y añadió: «Este proyecto es profundamente injusto». En el mismo sentido se pronunció Tatiana Vargas, abogada de la Universidad de los Andes, quien se preguntó qué preció tenía la vida y dijo que era mentira que las mujeres sean castigadas por abortar, porque el Código Penal ya contempla tres causales que son suficientes. Recordó, además, que la Unión Soviética fue el primer país que «introdujo el aborto libre» en 1920 y que luego Cuba siguió su ejemplo, lo que, según ella, derivó «en muchos problemas para las mujeres, daños cervicales, esterilizaciones y violencia», un asunto históricamente desmentido por las estadísticas oficiales que demuestran que en los países en donde el aborto es legal disminuyó la muerte materna. Aunque dijo que hay países en donde se registran «más abortos que nacimientos», solo pudo citar el caso de Groenlandia, en donde desde 2013 se registran alrededor de 700 nacimientos y 800 abortos al año. Como ejemplo de los países que «vienen de vuelta», mencionó a Noruega, que en 2019 aprobó la primera restricción en cuatro décadas para dificultar los abortos selectivos cuando hay varios fetos en gestación. «Quiero invitarlos a proteger la vida de todos sin distinción, a no caer en esas lamentables consignas de ‘Black Lives Matter’ porque toda la vida importa», dijo. Antes, la abogada Claudia Sarmiento se limitó a explicar las múltiples implicaciones legales de la reforma y concluyó que se debe encontrar un punto medio entre el derecho de protección de vida del que está por nacer y el reconocimiento de «la agencia moral» de las mujeres, porque la maternidad es un fenómeno completo que no se basa solamente en terminar los nueve meses de embarazo. El abogado Mauricio Reyes presentó estudios comparativos para demostrar que la tasa de abortos siempre es más alta en los países en donde está penalizado que en donde ya se legalizó, y que en la mayor parte de los casos se trata de naciones desarrolladas en donde las mujeres han tenido más empoderamiento y los embarazos fuera del matrimonio no cargan con estigmas. «Esto no quiere decir que permitir los abortos los va a reducir, pero la prohibición sí genera efectos negativos. La prohibición penal no evita que las mujeres que así lo desean, aborten, lo que sí hacer es que sea realizado en condiciones de clandestinidad e inseguridad», afirmó, ¿Cómo sigue? Las audiencias continuarán el 10, 17, 24 y 31 de marzo, pero después se interrumpirán debido a los comicios del 11 de abril, en los que en Chile se elegirán a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva Constitución, además de 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales. La Comisión retomará las audiencias informativas el 14 de abril y las terminará el 21, aunque quedó abierta la posibilidad de que el número de expositores aumente, en caso de ser necesario, ante el interés que la discusión despierte en la ciudadanía. Después, tendrá que dictaminar y, en caso de que la decisión sea favorable, el proyecto se someterá para su discusión, aprobación o rechazo en el pleno de la Cámara de Diputados. Actualmente, el Código Penal establece diferentes penalidades para las mujeres que aborten fuera de los casos permitidos, es decir, las tres causales; a los profesionales de la salud que las ayudan a interrumpir sus embarazos y a quienes realizan esta práctica sin el consentimiento de la gestante. El proyecto que discute la Comisión de Mujeres y Equidad de Género propone modificar la redacción de estos artículos, para agregar que las penalizaciones solo rigen en caso de que el aborto se realice «después de las 14 semanas de gestación». En ninguna parte se habla de «aborto libre«, como quieren hacer creer los detractores del proyecto, ni de aborto legal, seguro y gratuito, ya que solo propone la despenalización, es decir, dejar de criminalizar a las mujeres. Este paso no implica la legalización, que obligaría al Estado a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que sí es el modelo que aprobó el Senado de Argentina el pasado 30 de diciembre, y que ya regía en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay.
