Al menos 64 personas, incluidos dos menores, han sido condenadas a muerte por las autoridades militares de Birmania (Myanmar) como parte de su campaña contra el movimiento prodemocrático opuesto al golpe de Estado del pasado 1 de febrero, informaron fuentes del Gobierno disidente.

El Gobierno de Unidad Nacional, formado por políticos y activistas prodemocráticos contrarios a la junta militar, indicó este domingo que los condenados no contaron con abogados en los procesos sumarios realizados en tribunales militares.

«Las sentencias se están realizando sin derecho a defensa ni representación legal», indicó en Twitter Aung Myo Min, responsable de Derechos Humanos en el «Gobierno prodemocrático».

Aunque la pena capital está recogida en la Constitución, Birmania no ha ejecutado a ningún reo condenado a muerte desde 1998.

El Ejército birmano justificó el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.

Al principio los birmanos respondieron con un movimiento de desobediencia civil y con manifestaciones multitudinarias que fueron reprimidas por los soldados y policías, que usaron armamento militar contra civiles desarmados.

Al menos 883 civiles han muerto desde el sublevación por la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones pacíficas, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 6.000 detenidos.

A raíz de esta represión, muchos manifestantes han decidido tomar las armas y han formado milicias civiles que luchan contra el Ejército apoyadas en algunos casos por las guerrillas étnicas, que llevan décadas luchando para pedir una mayor autonomía.