La Sala I de la Cámara del Crimen resolverá este jueves 4 de febrero si el argentino Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, acusado de drogar y violar a joven venezolana de 18 años, permanecerá en libertad o quedará detenido por el delito de «abuso sexual agravado con acceso carnal», informaron fuentes judiciales.

Se reseñó que el fiscal de cámara Ricardo Sáenz mantendrá el criterio de las fiscales Silvana Russi y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quienes apelaron la excarcelación otorgada por la jueza Karina Zucconi para el imputado, Irineo Humberto Garzón Martínez. 

Garzón Martínez fue procesado por la jueza Zucconi por «abuso sexual agravado con acceso carnal», pero mantuvo la libertad del imputado porque, según su criterio, no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

La magistrada también consideró que el hecho de que no tuviera antecedentes penales y se hubiera identificado de manera correcta conformaba un escenario propicio para mantener su libertad, fijándole algunas reglas de conducta.

Este es el fallo que fue apelado por las fiscales Russi y Labozzetta, y que ahora deberán revisar los camaristas para ver si el acusado continúa en libertad o si ordenan su detención. 

En ese sentido, las funcionarias señalaron que el delito de abuso sexual con acceso carnal tiene un máximo de pena que supera los ocho años de prisión y que el mínimo previsto impide que la condena pueda quedar en suspenso.

La joven sufrió «conductas no deseadas» 

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia evaluó que el caso de la venezolana conformó una «situación de altísimo riesgo psicofísico y emocional» para la víctima, afirmó que la chica sufrió «conductas no correspondidas ni deseadas» y advirtió en el imputado «rasgos perversos y una modalidad de acecho».

El informe de la (OVD) destaca la «existencia de una clara violencia simbólica y sexual» por parte del imputado, Garzón Martínez, quien tomó «como un objeto» a la joven, «abusando de su dignidad y humillándola en su accionar».

También hace referencia a las marcas halladas en el cuerpo de la víctima, a los sentimientos de amenaza, humillación y vergüenza que padece tras el episodio y a la «interseccionalidad de vulnerabilidades» en función de su edad, género, condición económica, nivel de instrucción y su reciente llegada a la Argentina.

Sobre la restricción de la libertad del hombre, la apelación concluyó que «no luce desproporcionada si se tiene en cuenta la gravedad del hecho que se le imputa, su modalidad de ejecución, su pena en expectativa y el estado de la investigación».

Por esos motivos, la oficina recomendó, en primer lugar, que «se dicten las medidas que resguarden la seguridad personal de la joven, de sus datos personales y de su familia».