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La destrucción del planeta avanza sin precedentes; sin embargo, todavía no existen leyes suficientes que criminalicen a quienes la comenten: desde petroleras a fabricantes de coches, desde quienes provocan incendios intencionales a granjas industriales.

Esta realidad apunta cada vez más a la necesidad de un enfoque legal que proteja la Tierra. Para lograrlo, abogados internacionales están redactando una nueva figura penal internacional y definir el crimen jurídicamente para penar las acciones que causen estragos en los ecosistemas.

Este tipo de delito es conocido como ecocidio, que literalmente significa «asesinar al ecosistema».

Lo que se espera es que tenga el mismo valor que otros delitos internacionales existentes como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Es decir, crímenes graves que no pueden prescribir.

El proyecto fue convocado por la Fundación Stop Ecocide a petición de parlamentarios suecos. Se lanzó este mes para coincidir con el 75 aniversario de la apertura de los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg de los líderes nazis en 1945.

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la iniciativa y espera que en su país se reglamente. Su administración pretende que las faltas sean castigadas con multas de entre 444 mil dólares y 5.4 millones. Además, se van estipular penas de prisión de entre tres y 10 años.

Francia también creará un segundo delito por «poner en peligro al medioambiente». En este caso, las sanciones podrán aplicarse incluso cuando el daño aún no ha tenido lugar. Se penará con un año de cárcel y 100 mil euros de multa.

Por su lado, el gobierno belga también prometió su apoyo. El parlamentario inglés David Lammy pidió que se incorpore el «ecocidio» a las leyes del Reino Unido.

La corte penal internacional, con sede en La Haya, se ha comprometido previamente a priorizar los delitos que tienen como resultado la “destrucción del medio ambiente”, la “explotación de los recursos naturales” y el “despojo ilegal” de tierras.

En 2016 explicó que este delito no estaba formalmente en su jurisdicción pero que evaluaría los delitos existentes sobre este tema. Sin embargo, hasta ahora no ha habido investigaciones formales ni cargos de este tipo.

Jojo Mehta, presidente de la Fundación Stop Ecocide, dijo a The Guardian: “En la mayoría de los casos, es probable que el ecocidio sea un crimen corporativo. Criminalizar algo en la corte de La Haya significa que las naciones que lo integran tienen que incorporarlo a su propia legislación nacional».

Los crímenes contra el medio ambiente podrán ser juzgados y condenados a lo largo del mundo con penas claras y preestablecidas.

Si esta figura es reconocida por La Haya y los países la adoptan, se podrá avanzar sobre los crímenes que cometen las empresas contra el medio ambiente. También se podrán juzgar a personas particulares. Por ejemplo, la mayoría de los incendios que hubo en Argentina este año fueron intencionales. Lo mismo ocurrió en el Amazonas, en Brasil.

También serviría para frenar el avance de empresas transnacionales, las que realizan procedimientos extractivistas altamente contaminantes.

Una situación así fue la que ocurrió en México con la empresa Monsanto, que intentó cultivar soja transgénica a nivel comercial en más de 253 mil hectáreas distribuidas en siete estados.

Gracias a la activista Leydy Pech esto se detuvo, pero no hubo ninguna acción legal contra la empresa por sus plantaciones contaminantes.

En Ecuador, comunidades aborígenes lograron frenar que avance el extractivismo de petróleo sobre el Amazonas. Sin embargo, las empresas que contaminaron la selva, como Chevron-Texaco, no fueron multadas.

Mientras tanto, en la Patagonia argentina se discute la suspensión de una ley que impide la megamineria por sus efectos altamente contaminantes. Sin embargo, el gobierno provincial planea derogar esa normativa para que la empresa Barrick Gold empiece a explotar la minería en la zona.