La joven policía Belén San Román, que se disparó en la cabeza luego de que su expareja difundiera y viralizara un video íntimo, murió este viernes tras permanecer cinco días internada en el Hospital Municipal San Luis, de la localidad de Bragado.

La víctima, de 26 años, había utilizado su arma reglamentaria y, al momento de efectuar el disparo, se encontraba sola en su casa, ya que sus dos hijos no estaban con ella. Quienes la encontraron fueron sus propios compañeros del Comando de Prevención Rural (CRP), donde trabajaba.

Familiares de Belén comentaron a este medio días atrás que, desde hacía algunas semanas, la joven «sufría por la viralización de fotos y videos donde se la veía en situaciones íntimas», y también, por el posterior sumario administrativo que inició la Policía.

La familia de la víctima reclama que se apruebe la ley contra la "pornovenganza"
La familia de la víctima reclama que se apruebe la ley contra la «pornovenganza».

Según explicó en una publicación de Facebook su madre, Graciela Álvarez, el joven que difundió las imágenes fue Tobías Villarruel de la ciudad de Chivilcoy, que se encuentra detenido en Bragado. «Él viralizó fotos y videos de mi hija, hostigándola y amenazándola, e hizo que ella termine con su vida», escribió.

Su padre, Jorge San Román, publicó en la misma red social: «Que la muerte de Belén y otras Belén no sean impunes. Que la celeridad prime por sobre lo conveniente, la violencia machista en distintas modalidades mata».

Durante la tarde del sábado, vecinos de la ciudad bonaerense marcharon en reclamo de justicia por Belén bajo la consigna «Si tocan a una, nos tocan a todas». Allegados y familiares de la joven exigieron que se apruebe el proyecto de ley contra la «pornovenganza», que en julio pasado consiguió media sanción en el Senado.

La finalidad del proyecto es «castigar la difusión no autorizada de imágenes y videos íntimos de contenido sexual por medios electrónicos, a través de redes sociales, sitios web, etc., aunque dichos contenidos se hayan obtenido con el consentimiento de la víctima». Asimismo, la iniciativa prevé como agravante la difusión con objeto de dañar la imagen de una persona o bien de obtener un beneficio con ello.