El congreso boliviano avanza en una ley que creará un impuesto a la riqueza. Luego de una extensa sesión, la cámara de diputados le dio media sanción a la norma. Ahora, será enviada al senado para su tratamiento en las próximas semanas.

Esta iniciativa fue una de las propuestas electorales del presidente del país, Luis Arce. La norma de Bolivia se llamará «Impuesto a las Grandes Fortunas» (IGF). Se aplicará a quienes tengan un patrimonio mayor al equivalente a unos 4.3 millones de dólares y alcanzará al 0.01 % de la población boliviana.

Además, el impuesto se cobrará una vez al año y se prevé recaudar el equivalente a unos 230 millones de dólares. El presidente de cámara de diputados, Freddy Mamani, explicó que la recaudación se destinará «exclusivamente a temas sociales». La reglamentación de la ley deberá definir estos rubros.

El ministro de economía y finanzas públicas, Marcelo Montenegro, aseguró hace unos días que este impuesto llegará a unas 150 personas. Así, se trata de un grupo de personas muy reducido: la población boliviana supera los 11 millones y medio de personas, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.

¿QUÉ ES LO QUE DICE ESTE PROYECTO DEL «IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS»?

El «Impuesto a las Grandes Fortunas» de Bolivia establece que deberán pagarlo los bolivianos residentes dentro y fuera del país. También tendrán que pagarlo aquellos extranjeros con permanencia por más de 183 días «en forma continua o discontinua» en un periodo de 12 meses.

Así, el tributo se aplicará progresivamente con cuotas proporcionales del 1.4, 1.9 y 2.4%, según el monto del patrimonio. Además, este proyecto va acompañado de otro que establece un reintegro en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los trabajadores que ganen como máximo el equivalente a unos mil 294 dólares.

Luis Arce, presidente de Bolivia, celebró en su cuenta de Twitter la media sanción de ambos proyectos. Aunque esta iniciativa aún no se convierte en ley, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la coalición del actual gobierno, tiene mayoría en ambas cámaras para aprobar la legislación.

La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, hizo diversas observaciones al proyecto, la más relevante fue la necesidad de poner un límite a la temporalidad de la norma. Desde la oposición exigieron que se aclara si este impuesto se iba a cobrar de forma anual para siempre o si se trata de una medida excepcional.

A comienzos de este mes, en Argentina también se aprobó una norma similar. Sin embargo, lo que sucedió en este otro caso es que no se creó un impuesto sino un aporte. Es decir, en el caso de la Argentina se va a cobrar por única vez para poder paliar los efectos de la pandemia en la economía.

El Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas afecta a personas y no empresas que posean una riqueza declarada superior a 200 millones de pesos (casi 2.5 millones de dólares). Alcanzará a 11 mil 855 personas de las 45 millones que viven en el país, según informó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

En este contexto, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) realizó una encuesta en varios países para saber qué pensaba la población sobre este tipo de iniciativas. Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del CELAG, difundió los resultados de su encuesta en Twitter.

La mayor parte de la opinión pública de Argentina, Chile, México, Ecuador, Bolivia y Perú estaría de acuerdo con que se cobre un impuesto extra a las grandes fortunas como medida de cada Gobierno frente a la pandemia. Los países donde hubo más aceptación fueron: Argentina, Ecuador y Perú.

Hasta ahora sólo dos países de la región avanzaron con esta normativa. En los próximos meses veremos si otros también avanzan.