Un juez estatal dictaminó el martes que la Organización Trump debe entregar documentos relacionados con una propiedad cuyas reducciones de impuestos estaban siendo investigadas por la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La Organización Trump afirmó anteriormente que los documentos estaban protegidos por el privilegio abogado-cliente.

Amy Carlin, abogada de la Organización Trump, argumentó el martes que la organización Trump tenía «todas las expectativas de que esas comunicaciones serían confidenciales», con respecto a las discusiones sobre una propiedad en el condado de Westchester que involucraban a un ingeniero.

La oficina de la fiscal general argumentó que los documentos no eran privilegiados, en parte, porque la organización había «renunciado al privilegio» cuando reveló ciertos documentos al IRS para «obtener beneficios», dijo el abogado Eric Haren de la oficina de la fiscal general.

Haren dijo que «literalmente todo lo que no sea el valor de tasación final» no fue revelado a su oficina.

Investigación a la Organización Trump

La oficina de James ha estado investigando al presidente Donald Trump y a la Organización Trump desde 2019, cuando el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificó ante el Congreso que los estados financieros anuales del mandatario inflaron los valores de sus activos para asegurar préstamos favorables y cobertura de seguro, pero desinflaron el valor de otros activos con el fin de reducir los impuestos inmobiliarios.

Haren argumentó el martes que la negativa a entregar esos documentos ha «retrasado» la capacidad de la fiscal general para investigar.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York Arthur Engoron tomó la decisión después de que los argumentos se llevaron a cabo de forma remota el martes. Engoron dictaminó anteriormente que los documentos estaban protegidos por privilegio.