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El Gobierno de Daniel Ortega se ha topado este lunes con el repudio internacional a la jornada vivida el domingo, en la que el exguerrillero se ha proclamado vencedor con un cuestionado 75% de los votos de unas elecciones tachadas de farsa. A Estados Unidos y Costa Rica —los dos primeros países que se pronunciaron contra el proceso— se han unido España, Chile y los 27 integrantes de la Unión Europea, que han decidido desconocer los resultados, por considerar que los comicios no contaron con garantías democráticas mínimas. “España no reconoce las elecciones en Nicaragua, porque son una burla a la democracia, al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional”, ha afirmado José Manuel Albares, ministro de Exteriores español.

En Europa, el alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, anunció que los 27 analizan “medidas especiales” como respuesta a lo que ha catalogado un proceso sin legitimidad. “Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes”, ha afirmado Borrell en un comunicado. “El Gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales con arreglo a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte”, ha advertido el encargado de la diplomacia europea.

Borrell ha destacado que la UE ha instado al régimen de Managua que se respeten los derechos humanos en Nicaragua y que garantice procesos democráticos legítimos, peticiones que el Gobierno de Ortega no ha escuchado. “La Unión Europea ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera agravar las dificultades del pueblo nicaragüense y se ha dirigido sistemáticamente solo a los responsables de los sucesos antidemocráticos en Nicaragua. Con este mismo espíritu, estudiaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para adoptar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales”, ha afirmado Borrell.

Chile y Costa Rica han sido los primeros países de América Latina que han rechazado los resultados de las elecciones. La noche del domingo el presidente costarricense, Carlos Alvarado, anunció que su país desconocía los resultados, por considerar que el proceso no es creíble, justo, ni independiente. “Por su carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua. Hacemos un llamado al Gobierno para que libere y restituya los derechos de los presos políticos, así como a la comunidad internacional a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en Nicaragua”, ha afirmado Alvarado.

La mañana de lunes, el canciller de Chile, Andrés Allamand, hizo un anuncio parecido “Ayer tuvo lugar un acto electoral en Nicaragua, el que careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente. El Gobierno de Chile rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y [su esposa] Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial”, ha anunciado la Cancillería chilena en un comunicado.

El Gobierno de Chile alega que la jornada electoral del domingo se realizó “en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, incluyendo encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación independientes. “Todos estos hechos han sido denunciados por organismos que cautelan los derechos humanos, la Unión Europea y diversos países de la comunidad internacional”, expresa la diplomacia chilena.