El Gobierno de Joe Biden emitió nuevas licencias relacionadas con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos contra Venezuela y en ese sentido surge la pregunta sobre qué implican o qué impacto tienen en la realidad. 

Al respecto, la plataforma de periodismo de datos La Tabla indicó que «la emisión de la licencia 30A por parte de la OFAC (Oficina estadounidense de Control de Bienes Extranjeros) significa básicamente que se mantienen las condiciones de facilidades para la contratación de servicios portuarios con el INEA (Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos), que es un instituto del Estado venezolano». 

«En esencia no hay un cambio con respecto a la licencia original identificada con el número 30. Esa licencia fue emitida en agosto de 2019 como una manera de establecer excepciones a las actividades portuarias y aeroportuarias que en líneas generales estaban prohibidas por la orden ejecutiva de agosto del 2018», dice La Tabla. 

Añade que «la licencia de hoy 2 de febrero se emite como una manera de dejar claro que, a pesar de haber sido incluido el INEA en la lista SDN (nacionales especialmente designados) no implica una absoluta restricción al recibir pagos por operaciones en Venezuela». 

Entre tanto, describe La Tabla, que «lo que sí confirma la licencia 30A, es la prohibición de importación o exportación de diluyentes para el petróleo pesado de la faja del Orinoco. Esto sí ratifica la existencia de un bloqueo a la actividad petrolera». 

«La confusión que se ha generado con respecto a esta licencia no es novedosa y refleja la naturaleza contradictoria del esquema legal de sanciones», agrega el portal de investigación.