Funcionarios de la administración de Nicolás Maduro sostuvieron un encuentro con representantes de la cadena de farmacias Farmatodo en el que les pidieron que bajaran los precios de todos sus productos, que pusieran a funcionar todas las cajas de los establecimientos y que crearan un “sistema de vuelto en divisas”.

El viceministro de Política de Compras y Contenido Nacional del Ministerio de Comercio, Daniel Gómez, informó por Twitter que, por orden de la ministra Eneida Laya, se reunieron en la sede de Farmatodo y llegaron “a una serie de acuerdos, los cuales la empresa se compromete en bajar el precio a todos sus productos, crear un sistema de vuelto en divisas y funcionar el 100% de sus cajas”.

Desde 2019 la administración de Maduro se vio obligado a relajar los controles de precio y de cambio que mantuvo el Ejecutivo desde 2003. 

Sin embargo, no los desmontó. En los casi dos meses que lleva el año 2021, el Gobierno reguló tarifas de SimpleTV y de servicios médicos para casos de Covid-19, lanzó el Plan 101, fiscalizó mercados municipales, supermercados y terminales terrestres y ahora le pide a Farmatodo que baje los precios de todos sus productos.

Control de precios 

La política de control de precios demostró en el pasado que afecta la producción de las empresas y la capacidad de importadores de seguir trayendo bienes del exterior debido a que no cubren costos. Lo único que causaron las regulaciones de precios y las fiscalizaciones es una escasez de bienes esenciales, cierre de comercios y un incremento de la economía informal donde los productos que faltan en los anaqueles se consiguen más caros y sin proveer al Estado de los impuestos que necesita.

La última vez que el gobierno arremetió fuertemente contra la empresa privada fue en 2018.

Este año la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) inició un “procedimiento sancionatorio administrativo” contra Farmatodo por “aumento excesivo en todos los productos comercializados”.

Aplicó como “medida preventiva” un ajuste inmediato de precios en las 170 sucursales de dicha empresa ubicadas en todo el territorio nacional. Esta medida fue considerada por los gremios, entre ellos Consecomercio, como un “saqueo inducido”, pues muchos consumidores adquirieron los productos que fueron regulados, lo que dejó los estantes de las tiendas completamente vacíos.

En 2018 el Gobierno también detuvo a gerentes de Farmatodo, incrementando el clima de desconfianza que espantó a empresarios nacionales y extranjeros que pudieron pensar en invertir en Venezuela.